Ocupación de la vía pública. Recurso lógico o abuso?

Como todos sabemos la avenida Maipú, la costanera de la ciudad, es la via de circulación más importante de la ciudad. Es más, cuando el 12 de octubre de 1884 comenzó nuestra historia institucional con la inauguración del Destacamento de la Subprefectura de Ushuaia, que luego se oficializó como fecha de fundación de la ciudad, las primeras construcciones se ubicaron precisamente sobre la costa en forma espontánea, en torno a la bahía. Se conformó así la primer calle, que con los años y dado el crecimiento urbanístico longitudinal(pues de un lado está el mar y del otro la cordillera)se consolidó como la arteria principal.
Con los años esta antigua calle de tierra se fue transformando en una avenida imprescindible para atravesar la ciudad de punta a punta, dirigirse al centro,a la casa de gobierno, bancos, comercios, al puerto y el aeropuerto,al parque nacional, etc.
Es en consecuencia, paso obligado para vehículos pesados, livianos, transporte público y privado. En los últimos años, fue ampliada creándose una avenida paralela formando un boulevard central que está siendo parquizado en la actualidad.
Desde hace más de dos años se encuentra en ejecución una obra de gran escala destinada a casino sobre esta avenida. Lógicamente, y más por la envergadura de la misma,ha generado la ocupación de acera y calzada, pero lo que llama poderosamente la atención es la llamativa flexibilidad a las normas de ocupación de vía pública por parte de la Municipalidad de Ushuaia al permitir que en los trabajos de fachada sobre la mencionada Av. Maipú se instalen en forma diaria durante toda la jornada laboral, pesadas máquinas que ocupan prácticamente el 75% de la misma calle. Recordemos que el tránsito en la misma es obligado y sumamente intenso durante toda la jornada, además de las complicaciones que puede generar la inclemencia del tiempo con sus llovias y nevadas de invierno.
Por tal motivo es de esperar que desde el Concejo Deliberante local o bien desde las organizaciones de la comunidad se analice el tema para requerir la solución, y de esta manera evitar trastornos y posibles accidentes en una ocupación de vía pública, que es de todos los ciudadanos, ante un tipo de permisos oficiales que debieran haber sido acotados en fechas y tiempos como se realiza en cualquier obra en construcción del resto de la ciudad, y que por lo mencionado aquí no producen estos inconvenientes a la circulación vehicular.

La subasta municipal del terreno donde se ubicaba la Misión Anglicana

“La venta no está impedida legalmente. Pero los espacios que rodean al terreno están declarados patrimonio histórico”, señaló el antropólogo Ernesto Piana, respecto de la subasta de tierras llevada a cabo por la Municipalidad de Ushuaia. A raíz de esto, se efectuó una presentación, impulsada por vecinos, para que el Municipio tome recaudos a la hora de permitir obras en el lugar".
Con este titular en algunos portales informativos digitales del orden local, se da testimonio a una polémica surgida al conocerse la ubicación exacta del predio oficialmente subastado por la Municipalidad local, tendiente a captar recursos para financiar nuevas urbanizaciones.
No se discute aquí la conveniencia o no de vender terrenos fiscales bien ubicados y de alto valor para obtener recursos destinados a la obra pública -aunque podemos tener opinión al respecto- pero lo que sí se rechaza es la liviandad oficial para tomar estas medidas tan profundas, que afectan no sólo el paisaje y el ambiente sino que colisionan con leyes nacionales, provinciales y la misma Constitución. Cuando se pretender intervenir un terreno donde está ubicado un patrimonio arqueológico, cultural o histórico que se encuentre protegido por leyes generales y, más aún como en este caso, normativas específicas, su no cumplimiento constituye un delito. En este caso se trata del sitio donde se emplazó la Misión Anglicana en 1869, declarado Lugar Histórico Nacional mediante Decreto Nº 064/99.
Es común que en la Tierra del Fuego de los últimos años, se han dado intentos de enajenación de monumentos nacionales incluyendo proyectos hoteleros que insumian demolición parcial del bien (Casa Ramos, Ushuaia,años atrás), proyecto de urbanización de las tierras de la Armada ´próximas al antiguo Presidio, monumento nacional, (Ushuaia)sin haber dado intervención a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Luagares Históricos, y ahora esta "subasta".
La firma que resultó única proponente es conocida por el rubro de ferretería. Tampoco informó si pretende algún negocio inmobiliario, cosa también posible.
Nos encontramos ante un poder político ignorante de las leyes que obligan a la conservación del patrimonio, y la falta de la figura de un Defensor del Pueblo provincial o municipal, que ponga un freno estas atrocidades. Será casual, acaso, que no lo tengamos?
Veremos cómo sigue el tema.