“La venta no está impedida legalmente. Pero los espacios que rodean al terreno están declarados patrimonio histórico”, señaló el antropólogo Ernesto Piana, respecto de la subasta de tierras llevada a cabo por la Municipalidad de Ushuaia. A raíz de esto, se efectuó una presentación, impulsada por vecinos, para que el Municipio tome recaudos a la hora de permitir obras en el lugar".
Con este titular en algunos portales informativos digitales del orden local, se da testimonio a una polémica surgida al conocerse la ubicación exacta del predio oficialmente subastado por la Municipalidad local, tendiente a captar recursos para financiar nuevas urbanizaciones.
No se discute aquí la conveniencia o no de vender terrenos fiscales bien ubicados y de alto valor para obtener recursos destinados a la obra pública -aunque podemos tener opinión al respecto- pero lo que sí se rechaza es la liviandad oficial para tomar estas medidas tan profundas, que afectan no sólo el paisaje y el ambiente sino que colisionan con leyes nacionales, provinciales y la misma Constitución. Cuando se pretender intervenir un terreno donde está ubicado un patrimonio arqueológico, cultural o histórico que se encuentre protegido por leyes generales y, más aún como en este caso, normativas específicas, su no cumplimiento constituye un delito. En este caso se trata del sitio donde se emplazó la Misión Anglicana en 1869, declarado Lugar Histórico Nacional mediante Decreto Nº 064/99.
Es común que en la Tierra del Fuego de los últimos años, se han dado intentos de enajenación de monumentos nacionales incluyendo proyectos hoteleros que insumian demolición parcial del bien (Casa Ramos, Ushuaia,años atrás), proyecto de urbanización de las tierras de la Armada ´próximas al antiguo Presidio, monumento nacional, (Ushuaia)sin haber dado intervención a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Luagares Históricos, y ahora esta "subasta".
La firma que resultó única proponente es conocida por el rubro de ferretería. Tampoco informó si pretende algún negocio inmobiliario, cosa también posible.
Nos encontramos ante un poder político ignorante de las leyes que obligan a la conservación del patrimonio, y la falta de la figura de un Defensor del Pueblo provincial o municipal, que ponga un freno estas atrocidades. Será casual, acaso, que no lo tengamos?
Veremos cómo sigue el tema.
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